Ley 20-22: Diez años sin progreso económico

Ensayo por Jeremy Rivera Torres | Instagram
Fotografía por Adrianna De Jesús Salamán | Instagram 

El gobierno de Luis Fortuño creó las exenciones tributarias en 2012 con la esperanza de infundir dinero a la economía de la isla y diversificar su bolsa de trabajo. Los fondos de cobertura gradualmente comenzaron a buscar un punto de apoyo en la isla, pero lo que realmente impulsó la avalancha de llegadas es la pandemia, que alejó a las grandes ciudades y popularizó el trabajo remoto, y la explosión en los criptomercados.

Los defensores de las exenciones fiscales lo describen no sólo como un impulso para una isla que ha estado sumida en la bancarrota durante más de cuatro años, prolongada por huracanes, terremotos y la pandemia, sino como una oportunidad para reinventarse. Aún así, la idea de estas extensiones es un tipo de neocolonialismo impulsado por el gobierno: las leyes solo se aplican a los que vienen del extranjero por lo que los residentes de toda la vida están en desventaja y no son elegibles para estos beneficios. Los inversionistas de alto patrimonio ahora tienen acceso a un paraíso fiscal hecho a su beneficio en nombre del desarrollo económico y generar empleos. 

Se han hecho diversos estudios por economistas y se ha comprobado que las alzas en el índice de precio de la vivienda, que rondan 15%, “coinciden en tiempo y geográficamente” con el aumento en la concesión de decretos a inversionistas residentes y son más notables en áreas donde hay mayor actividad de alquileres a corto plazo, oportunidades de empleo y atracciones naturales, según Raul Santiago Bartolomei (Profesor de la escuela de planificación UPR). También el economista de premio nobel, Joseph Stiglitz indicó “La ley que otorga exenciones tributarias a las personas que se mudan a PR (Ley 22) está teniendo efectos negativos en lugar de estimular el crecimiento. Los beneficiarios están aumentando los precios de los bienes raíces y el costo de vida sin agregar mucho a la economía”.

En documentos oficiales de Estudios Técnicos establece que la Ley 22 solo ha creado 4,000 empleos, pero el DDEC no tiene datos sobre cuántas contrataciones han hecho los individuos que se acogieron al decreto. Incluso el documento habla sobre el gasto que le trae al gobierno de PR, establece que la Ley 20 le cuesta al gobierno $111 millones al año, pero estas empresas generaron $210 millones en cuatro años o $52.5 millones al año. Significa que esta ley solamente beneficia a las clases privilegiadas de nuestra sociedad mientras el resto del país tenemos que enfrentar las consecuencias de dichas leyes. Desde que fueron implementadas la ley 20/22 el desarrollo económico ha sido mínimo pero su impacto ha sido significativo en la isla por la alza de costo en viviendas quitándole poder adquisitivo a la familia puertorriqueña haciéndolo inaccesible comprar un hogar.

Nos están desplazando, nos toca a nosotros tomar acción.